Ante la difusión de información diversa sobre el control y posible bloqueo de líneas de telefonía móvil en México, es necesario acudir a los textos legales oficiales para comprender el verdadero alcance de estas medidas de forma clara, objetiva y sin alarmismos. El marco jurídico que regula este procedimiento se encuentra en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Esta legislación sustituye las normativas previas y establece las reglas vigentes para los usuarios y las empresas del sector.
A continuación, se analizan los dos artículos fundamentales que rigen esta disposición, explicando detalladamente los términos legales complejos para facilitar su comprensión.
1. Validación de identidad del usuario (Artículo 103)#
El artículo 103 de la ley establece que las empresas telefónicas tienen la obligación legal de activar y mantener vigentes únicamente las líneas asociadas a usuarios plenamente identificados. En el texto legal, estas empresas reciben el nombre de concesionarios, que son las compañías privadas (como Telcel, Movistar o AT&T) que cuentan con un permiso o concesión del Estado para ofrecer un servicio público.
Para cumplir con esta disposición, el proceso varía según la naturaleza del usuario:
- Personas físicas (ciudadanos individuales): Deben presentar una identificación oficial que incluya la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Personas morales (empresas, sociedades o instituciones): Deben identificarse a través de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- Personas extranjeras: Pueden acreditar su identidad proporcionando su nombre completo, país de origen y número de pasaporte válido.
La ley contempla una excepción importante para proteger a la población: las líneas que no hayan completado este registro no quedarán completamente incomunicadas, ya que se garantiza en todo momento el acceso gratuito a los números de emergencia y de atención ciudadana.
2. Resguardo de datos y colaboración con las autoridades (Artículo 183)#
El artículo 183 detalla las responsabilidades técnicas que las empresas telefónicas deben asumir en materia de seguridad nacional y justicia dentro del territorio del país. Bajo este artículo, las compañías telefónicas tienen la obligación de conservar un registro estricto de las comunicaciones durante un periodo total de 24 meses.
Este registro incluye información específica como el nombre del suscriptor, su domicilio, la duración, fecha y hora de las llamadas, así como la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas móviles. La ley estipula que, durante los primeros 12 meses, los datos deben estar almacenados en sistemas que permitan su entrega inmediata a las instancias de procuración de justicia. Este término se refiere a las autoridades encargadas de investigar los delitos y perseguir a los responsables, tales como las fiscalías y los ministerios públicos. Los siguientes 12 meses, la información se guardará en un almacenamiento electrónico estándar.
Asimismo, este artículo obliga a las empresas a colaborar en la localización geográfica en tiempo real de los dispositivos móviles. Conceptualmente, esto significa obtener la ubicación aproximada de un teléfono en el momento exacto en que se procesa una investigación criminal.
Para proteger la privacidad de los ciudadanos, la propia ley determina que es obligatorio contar con un mandamiento por escrito, fundado y motivado por un juez federal competente antes de que las autoridades puedan solicitar esta información o intervenir una comunicación privada. Queda estrictamente prohibido utilizar estos datos resguardados para fines distintos a los previstos en la ley, y cualquier acceso ilícito o manipulación será penalizado por las autoridades correspondientes.
Fuente oficial del Estado: Puedes consultar, verificar y descargar el texto íntegro del decreto directamente desde el portal de la Cámara de Diputados a través del archivo oficial LMTR.pdf.