El anterior Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido en el sector sectorial como PANAUT, fue un proyecto de registro masivo civil derivado de las reformas a la estrategia de telecomunicaciones previa. Este mecanismo, cuyos fundamentos legales e históricos pueden revisarse en el enlace oficial de la ley anterior, obligaba a la ciudadanía a entregar sus datos personales para la creación de un padrón nacional controlado por el Estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad total del PANAUT debido a que su operación vulneraba de forma grave y desproporcionada los derechos humanos a la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales. El argumento jurídico principal determinó que la exigencia obligatoria de entregar datos biométricos sensibles, como las huellas dactilares o el escaneo del iris ocular, para poder mantener una línea telefónica activa no guardaba una relación razonable ni proporcional con los fines de investigación del delito, creando además un riesgo informático severo para la población ante posibles filtraciones de la base de datos central.
El nuevo marco regulatorio establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de julio de 2025, disponible para consulta íntegra en el portal de la ley vigente, plantea un esquema técnico y operativo completamente diferente para la identificación de los usuarios finales. Esta reforma elimina la existencia de una base de datos única centralizada en manos del gobierno y delega la responsabilidad de la validación de identidad directamente en los operadores comerciales que explotan las redes públicas de telecomunicaciones.
El Artículo 103 de la ley vigente de 2025 aborda la identidad enfocándose de manera exclusiva en documentos e identificaciones oficiales preexistentes y validados por el Estado. A diferencia del PANAUT, este artículo determina que las empresas de telefonía móvil solo están facultadas para exigir la Clave Única de Registro de Población (CURP) para personas físicas o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el caso de personas morales corporativas, permitiendo que los extranjeros se identifiquen únicamente con su nombre, país de origen y número de pasaporte válido.
El Artículo 183 de la nueva legislación complementa este diseño normativo al pautar de forma estricta las obligaciones técnicas en materia de colaboración con la justicia penal. En lugar de almacenar rasgos físicos humanos, este precepto obliga a los concesionarios a conservar registros técnicos de las comunicaciones (fechas, horas, duración y geolocalización digital de las líneas) durante doce meses en sistemas de consulta en tiempo real y doce meses más en almacenamiento electrónico seguro para el uso exclusivo de las autoridades de procuración de justicia bajo mandato legal.
La transición jurídica demuestra que la legislación de 2025 busca cumplir con las metas de seguridad pública mediante el rastreo técnico de los datos de conectividad y la validación descentralizada de los usuarios. Con esta reestructura, el marco legal vigente evita incurrir en los vicios constitucionales del antiguo padrón al no condicionar el acceso a los servicios de comunicación a la entrega forzosa de información biométrica privada.